César Duarte Enfrenta Un Nuevo Proceso Federal por Lavado de Dinero en Chihuahua

CHIHUAHUA, México – El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, está de nuevo en el centro de la atención judicial en México, enfrentando un nuevo proceso federal que incrementa la presión sobre su complicado historial. Duarte fue arrestado el 8 de diciembre en la capital del estado tras la ejecución de una orden de aprehensión federal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), basada en acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, un cargo distinto al que motivó su extradición desde Estados Unidos en 2022. La FGR informó que esta acción legal deriva de una orden emitida en mayo de 2024, aunque fue ejecutada recientemente, tras obtener autorización para juzgarlo por un cargo diferente.

La acusación federal se centra en presuntos actos de lavado de dinero y desvío de recursos. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad federal, afirmó previamente que las acusaciones son “por delitos muy específicos, como lavado de dinero o desvío de recursos.” El gobierno federal sostiene que esta nueva imputación es resultado de facultades adicionales otorgadas a la FGR tras consultas diplomáticas relacionadas con el proceso de extradición.

Duarte ya había sido arrestado previamente en territorio estadounidense. Fue detenido inicialmente en Miami en 2020 y posteriormente extraditado a México en 2022, enfrentando cargos estatales por peculado y asociación delictuosa. Desde entonces, ha habido una serie de procesos judiciales y administrativos que, con el tiempo, se han reducido notablemente. Su equipo legal sostiene que Duarte ha cerrado 20 de 21 causas penales abiertas en Chihuahua, además de varios procedimientos administrativos.

A pesar de esto, Duarte sigue bajo investigación estatal, y el nuevo expediente federal añade una nueva dimensión a su situación legal. “Aún enfrenta un proceso penal por peculado y asociación delictuosa aquí en el estado de Chihuahua,” indicó su abogado, Juan Carlos Mendoza, quien ha sido su principal portavoz legal en este proceso.

La defensa de Duarte argumenta que la actuación de la FGR viola el principio de especialidad en materia de extradición, que establece que una persona extraditada solo puede ser juzgada por los cargos aprobados por el país que autorizó su traslado. “No tiene sentido porque no se ha demostrado lo primero; entonces, si no se prueba lo primero, no pueden acusar de lo segundo,” argumentó Mendoza, enfatizando que no se puede avanzar en nuevas investigaciones sin resolver las acusaciones iniciales.

La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General ha marcado un cambio en el rumbo del caso, permitiendo que la FGR obtenga autorización para iniciar el nuevo proceso federal. La defensa considera que esto plantea un riesgo de juicio doble, sugiriendo que los hechos ya habían sido revisados previamente. “El juez de control señala que debería haber una necesidad de detenerlo para poder hacerlo, lo cual es claramente inaceptable,” manifestó el abogado, apoyando su interpretación legal.

El equipo legal de Duarte añade que la nueva imputación equivale a reabrir casos que ya fueron concluidos o casi agotados. Asimismo, argumentan que no hay riesgo de fuga, dado que su cliente siempre se ha presentado a las autoridades. El defensor anticipó con firmeza que Duarte se declarará “completamente y sin ninguna duda” inocente.

Mientras el caso avanza, Duarte permanece en el penal federal de El Altiplano, una de las prisiones de máxima seguridad en el país. Su defensa buscará que el exmandatario enfrente el proceso en libertad, alegando condiciones médicas complicadas, incluidos antecedentes cardíacos y cirugías recientes.

En el umbral de nuevas audiencias, el equipo legal enfatizó que el proceso no debe convertirse en un caso politizado. “No debemos considerar a las personas como un botín político, sino resolver todas las situaciones donde existe injusticia, porque donde no hay justicia, no hay paz,” concluyó Mendoza, apuntando que el caso de Duarte representa un reto a los principios judiciales que deben prevalecer en México.