La orden ejecutiva del presidente Donald Trump equipara al fentanilo con armas químicas, movilizando agencias de defensa y endureciendo sanciones contra el narcotráfico, mientras expertos y México advierten sobre el peligro de militarizar una crisis de salud pública.
El gobierno de Estados Unidos ha dado un cambio drástico en su estrategia contra las drogas sintéticas al declarar formalmente al fentanilo ilícito y sus precursores químicos como un arma de destrucción masiva. Esta decisión fue anunciada a través de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, marcando un cambio profundo en el enfoque del gobierno estadounidense ante una crisis que ha dejado decenas de miles de muertes por sobredosis en los últimos años.
La medida busca activar de manera casi total todas las herramientas disponibles del gobierno, desde penas más severas hasta la posible intervención de agencias de defensa y seguridad nacional, con el propósito de combatir la producción, distribución y financiamiento de este opioide sintético. El fentanilo, de gran potencia y bajo costo, se ha convertido en el principal factor de la crisis de opioides en Estados Unidos y es ahora una prioridad para el gobierno federal.
Según funcionarios encargados de la aplicación de la ley, esta nueva designación legal ampliará significativamente el margen de acción de los fiscales y fortalecerá los casos contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Carlos Briano, oficial de información pública de la DEA en El Paso, explicó que “esta designación permite a los fiscales solicitar penas más severas contra los narcotraficantes que perseguimos y refuerza el impacto de los casos de narcotráfico que la DEA presenta”.
La orden ejecutiva se justifica, según sus defensores, por la peligrosidad del fentanilo, cuya letalidad se compara con la de armas químicas debido a su efecto mortal incluso en cantidades mínimas. Briano destacó la potencia de esta sustancia al señalar que “es 50 veces más poderosa que la heroína, 100 veces más poderosa que la morfina; solo 2 miligramos pueden matar a una persona”. Estas estadísticas han sido utilizadas por el gobierno para justificar un enfoque más agresivo y punitivo frente a lo que considera una amenaza directa a la seguridad nacional.
No obstante, la decisión no ha estado exenta de críticas. Expertos en políticas de drogas y salud pública hacen hincapié en que la comparación del fentanilo con un arma de destrucción masiva es más simbólica que práctica. Aseguran que, aunque es una sustancia extremadamente peligrosa, no ha sido empleada como un arma en el sentido tradicional, y subrayan que el núcleo del problema sigue siendo una crisis de adicciones que requiere enfoques integrales de prevención, tratamiento y reducción de daños.
Las críticas a esta decisión fueron respaldadas públicamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien abordó el tema en su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum reconoció la necesidad de combatir los delitos relacionados con el narcotráfico, pero insistió en que el enfoque no debe limitarse a la represión. “Por supuesto que hay que ocuparse de los delitos, pero también hay que considerar las causas del consumo de drogas. Si no se atacan las causas, el fentanilo será otra droga, y el consumo seguirá”, afirmó.
La orden ejecutiva se presenta en un contexto de creciente intervención militar en operaciones antidrogas. Desde septiembre, el gobierno estadounidense ha intensificado acciones en aguas internacionales, incluyendo operaciones contra varias embarcaciones acusadas de narcotráfico. Para los críticos, esta escalada podría desviar recursos destinados a la salud pública hacia operaciones militares, sin garantizar una reducción real en el consumo de drogas ni en las muertes por sobredosis.
Sheinbaum profundizó en esta perspectiva al señalar que la problemática del fentanilo está estrechamente relacionada con factores sociales y de salud mental. “Está ligada a la salud mental, a valores familiares, a la educación y a la atención de las causas. Esta es nuestra visión y se la planteé al presidente Trump”, comentó la mandataria, marcando una clara diferencia entre ambos enfoques.
El impacto de esta decisión será especialmente relevante en las zonas fronterizas y en comunidades que ya han sido gravemente afectadas por la crisis de opioides. Regiones como El Paso, en contacto directo con las dinámicas del tráfico transnacional, podrían experimentar un aumento en operativos, procesos judiciales y presencia de agencias federales.
Las próximas semanas serán cruciales para observar cómo se traduce esta política en acciones concretas y si la intensificación del discurso y las herramientas legales logra detener el flujo del fentanilo, o si, como advierten los expertos, la militarización termina eclipsando la atención en una emergencia de salud pública que sigue cobrando vidas a ambos lados de la frontera.
Fuente original: Noticias El Paso
Por Miguel Contreras
18 Dec, 2025
